FURIA INDÍGENA

La mayoría del país que vive en las ciudades, al abrigo de los estragos directos del conflicto armado, asistió, sorprendida e indignada, a la toma del cerro Berlín, donde están las torres de comunicaciones de Toribío y del Ejército, el martes 17 de julio. El contraste con las imágenes de los estudiantes en Bogotá abrazando a los policías antimotines durante su protesta el año pasado no podía ser más fuerte. En lugar de la resistencia pacífica de la que ha hecho gala el pueblo Nasa, indígenas vociferantes que amenazaban y empujaban con sus bastones a los militares invadieron su base, destruyeron sus trincheras y, a la brava, sacaron a soldados, equipos y comida, de la cima del cerro.

La conducta de los militares, que prefirieron dejarse expulsar a usar sus armas contra civiles, no solo habla de avances en el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sino que evitó una tragedia y reforzó el sentimiento de solidaridad con ellos. Tanto se desbordó la situación que, más tarde, los líderes indígenas se disculparon. “Tengo que reconocer que allí nos equivocamos”, le dijo Feliciano Valencia, uno de ellos, a SEMANA.

El miércoles 18 en la madrugada, después de un tweet del Presidente –“No quiero ver un solo indígena en bases militares”–, el ESMAD, el escuadrón antimotines de la Policía, puso fin a la toma del cerro y, horas después, los dirigentes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que la habían liderado, y delegados del gobierno conversaban en Santander de Quilichao. Al día siguiente hubo otra reunión, en Toribío, con delegados de la ONU y la Defensoría. Se acordó que los temas de fondo se discutirán, a partir del martes 24, en una mesa de diálogo en Bogotá. Eso bajó la temperatura. Pero, para entonces, la crisis llevaba ya una semana.