sábado, 22 de septiembre de 2012

LA DISPUTA POR EL TERRITORIO Y EL CONTROL DE LA POBLACIÓN

“La estrategia de conflicto y militarización es para sacarnos del territorio y permitir la entrada a multinacionales y megaproyectos y dejarnos con los brazos cruzados”, declara Dora Muñoz.

Las comunidades indígenas han decidido no desplazarse y se organizan en asambleas permanentes, en “sitios o lugares donde la gente se reúne cuando hay este tipo de conflictos armados. Comúnmente son escuelas, canchas de básquet de la comunidad, salones comunales, lugares públicos, donde se concentra la gente mientras pasa el conflicto y la situación se normaliza. Esto ha funcionado e impedido que la gente salga a las ciudades a desplazarse y mendigar, y que el territorio se quede abandonado”, advierte la comunicadora indígena.

En los últimos días el conflicto se ha intensificado, relata Muñoz: “en el territorio nosotros decimos ‘ni un tiro más, no aguantamos más’, son muchos muertos, muchos huérfanos, muchas vidas. Nosotros no somos parte del conflicto, nos están involucrando. Exigimos respeto a la vida no sólo de las personas, sino de todo lo que está en el entorno: de la naturaleza, la tierra, los árboles, la Madre Tierra. Los árboles y los animales también se mueren, todos hemos vivido las afectaciones de un conflicto que no nos pertenece. Es un conflicto de poderes que nos pone en medio a padecer las consecuencias”, explica.

En días pasados, en Toribío, al norte del Cauca, el presidente Juan Manuel Santos anunció el arribo de más fuerza pública en esa zona. Las comunidades indígenas se manifestaron en ese lugar exigiendo “No más militarización de los pueblos indígenas”.

En Miranda, municipio cerca de Toribío, desde hace dos meses existen comunidades desplazadas por el conflicto, pues tanto el ejército como la guerrilla han ocupado viviendas, parcelas, escuelas y lugares de trabajo de la comunidad. Existen más de cien indígenas y campesinos desplazados que no pueden regresar, porque en sus casas está el ejército y en las parcelas la guerrilla.

“Ambos grupos armados” señala Dora Muñoz “minaron las cercanías de las casas de la población y los militares ocuparon la cancha de la comunidad. Por esta razón, las comunidades de la parte alta de Miranda realizaron una marcha por veredas hasta el poblado pidiendo una audiencia pública a los grupos armados para que se salieran del territorio. Esto no sucedió, y el ejército arremetió contra la población, resultando una persona muerta y varias niños y hombres mayores heridos”.

Al hacer esta movilización y no haber respuesta positiva, la población decidió ir a sacar a los grupos armados de las casas y del territorio. Algunos militares salieron, pero luego regresaron con el argumento de que “mientras exista la guerrilla ellos van a estar en el territorio, y que no hay lugar en Colombia donde ellos no puedan estar”, relata la integrante del movimiento indígena.

La iniciativa en el municipio de Miranda, de expulsar los grupos armados ha provocado amenazas a las autoridades indígenas. Dora Muñoz comenta: “apenas el 24 de julio de este año los militares hirieron a una guardia indígena, uno de ‘los cuidadores del territorio’, quienes siempre están al tanto de lo que sucede, de los movimientos y acciones que hacen los grupos armados y de cuando suceden confrontaciones armadas”.

Después de que un artefacto explosivo lanzado por miembros de la guerrilla impactó en un salón de atención a la salud, en la comunidad de Toribío, con el saldo de[G1] [1] siete personas heridas, entre ellas una enfermera a la que se le tuvo que amputar una extremidad[G2] [2] . La comunidad se reunió en asamblea y decidió desalojar a los grupos armados.

“Fue así como la gente de la comunidad salió a desbaratar los lugares donde se resguardan los militares, como las trincheras que se ubican cerca de viviendas o de escuelas. La comunidad todos estos sitios y lo mismo pasó en el cerro de Berlín, que es un lugar sagrado, donde se instaló una base militar y se encuentra una antena de telefonía celular [G3] [3] Las autoridades comunitarias fueron a pedirles[G4] [4] a los militares que se salieran, que ellos iban a ocupar ese lugar como legítimos dueños. La fuerza pública se negó diciendo que tenían orden de estar allí para cuidar la población civil”.

El primer día la gente se quedó acampando cerca de los militares. El segundo día decidió sacarlos. Entonces se destruyeron las trincheras que se encontraban alrededor de la torre de telefonía, y se taparon los huecos que hacen para meterse allí, relata Muñoz.

Estos cerros y montañas son sitios sagrados para los Nasa, en ellos se realizan ceremonias y rituales; cada dos años se hace el cambio de autoridad, el “refrescamiento de varas”, que son los bastones de mando. Dicho ritual se realiza en la parte más alta de un cerro o en laguna, donde se pide a la Madre Tierra sabiduría para orientar el territorio y fuerza para la comunidad

La fiesta de purificación de las semillas es otra de las ceremonias que se realizan en estos cerros. Se purifican las semillas para la siembra, se realiza el trabajo comunitario o “minga”.

En el Cerro del Berlín, municipio de Toribío, donde se desalojaron a los militares, se realiza una fiesta llamada “la apagada de fogón”, en la que se prenden dos hogueras y se junta la comunidad `para comunicarse con los espíritus. Los mayores, explica Dora Muñoz, “ahora piensan que esta casa de los espíritus ha sido profanada, ha sido invadida por los militares”.

“La guerrilla ataca a los militares en los cerros. Lanzan artefactos explosivos que no llegan y caen en el pueblo que está al pie del cerro, razón por la cual las comunidades decidieron sacar a los militares de forma pacífica. Después de esto, vino la arremetida del ejército contra la comunidad. Al día siguiente atacaron con gases, papas explosivas[G5] [5] y disparos, lo que generó una situación más compleja, pues ese mismo día pero en Caldona, otra comunidad cerca de Toribío, el ejército asesinó a un joven indígena que transitaba por la comunidad”, recuerda la entrevistada desde el Cauca.

“Los medios de comunicación y el ejército –continúa- criminalizaron la acción legítima de las comunidades que rescataron los lugares sagrados. Las autoridades comunales decidieron replegarse porque ya había treinta y dos heridos; temían que fuera más fuerte el ataque de los militares y pudiera haber muertos, así que convocaron a la población a reunirse en asamblea permanente”, declara Dora 
Muñoz.

LOS CORAZÓNES Y LAS MENTES

¿Tratarán las Farc, en estas circunstancias, de usar todos los recursos para contrarrestar el avance militar del Estado, incluida la influencia que tengan o el miedo que infundan en el movimiento indígena? El general Alejandro Navas, comandante general de las fuerzas militares, está convencido de que para evitar perder espacios están recurriendo a una “guerra de estratagema”, buscando presionar o infiltrar a los indígenas para ponerlos en contra del Estado y los militares.

Más allá de que la guerrilla sea o no capaz de producir movilizaciones masivas en el Cauca, el hecho es que estas no tendrían lugar sin el caldo de cultivo que han alimentado el abandono y, a menudo, la hostilidad del Estado. Los indios, como lo vienen diciendo desde hace años, no solo sienten que el Estado no ha sido capaz de protegerlos, sino que este los atropella. Su intento de expulsar a los militares puede ser un estiramiento inaceptable de la autonomía indígena más allá de la constitución, pero el Estado está en mora de dar un giro en su política tradicional. La historia de la región está marcada por tomas de tierra, reprimidas por la Policía. Entre 2002 y 2008 se impuso una política en la que primaba la estigmatización de los indígenas, que alejó mucho al Estado de ganar la guerra por “los corazones y las mentes” del pueblo Nasa. Los cultivos ilícitos que florecen sin estorbo son la nueva economía de muchas familias indígenas y caldo de cultivo para el reclutamiento de los jóvenes.
 
¿Es este gobierno conciente del reto? Las señales son contradictorias. Los militares saben, como lo dijo el general Navas, que “si la acción militar del Estado termina echándose en contra a los indígenas, la campaña militar va a ser muy complicada”. A la apuesta militar se le va a sumar un plan masivo de inversión (500.000 millones de pesos anunciados por el Presidente para el Cauca, durante su visita a Toribío), que es indispensable. Pero para remontar la desconfianza histórica de los indígenas frente al Estado, hace falta más que plata.
 
El ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos escribió la semana pasada en El País de España, a propósito de la crisis del cerro Berlín: “Que los habitantes de estas comunidades se atrevan a movilizarse en una protesta bajo un entorno de guerra, es un indicador de pérdida del miedo y también una señal de progreso democrático. Sin duda una parte de ellos responden políticamente a las FARC, pero en tanto no estén armados son civiles con derecho a la protesta social; el uso proporcional de la fuerza y sobre todo el diálogo con ellos es lo democráticamente correcto.” Para él, que el Estado llegue por fin a la Colombia rural profunda, donde las Farc se ha atrincherado en sus áreas históricas, implica retos no solo militares. 
 
Ganarse la confianza de una población que hoy se toma los cerros para desalojar a los militares no será tarea fácil, pero es esencial si el Estado quiere avanzar en esta zona de Colombia. Los gobiernos anteriores, especialmente el de la seguridad democrática, no solo no lo hicieron sino que se pusieron a los indios en contra, buscando dividirlos o estigmatizándolos. Al de Juan Manuel Santos le tomó casi dos años reaccionar ante lo que viene pasando en el Cauca y en esta crisis dio muestras de lentitud y falta de decisión. ¿Será que la imagen del sargento García arrastrado por los indios sirve no solo para el oprobio sino para que, por fin, el Estado se pellizque?

viernes, 21 de septiembre de 2012

LA VARIABLE MILITAR

Lo que mucha gente no sabe es que en el Cauca se prepara una de las más grandes batallas del conflicto armado. El gobierno ha lanzado una de las ofensivas militares contra las Farc más importantes en mucho tiempo y estas, que poco después de la llegada de Cano a su jefatura movieron su eje estratégico hacia la cordillera Central, parecen decididas a todo para contrarrestarla. 

El eje de la confrontación con las Farc pasa hoy por el Cauca. Para ellas, se trata de una zona estratégica. Aquí, en las alturas de la cordillera central, en Santo Domingo, nacieron casi simultáneamente que en Marquetalia. Aquí está, comandando el sexto frente, el sargento Pascuas, el único líder vivo de esa guerrilla contemporáneo de Tirofijo. Aquí, por el corredor de va de Jambaló, a Corinto y Caloto cuentan con una salida de la cordillera Central a la Occidental y al Pacífico, por el que circulan la coca, que se cultiva en la parte baja del primero de esos municipios, y la marihuana de Corinto y Miranda, cuyos invernaderos se ven a veces desde la carretera.
 
Como parte del plan “Espada de Honor”, los militares lanzaron desde febrero una vasta operación que, según afirman los generales a cargo, logró en estos meses cortar el paso de las Farc desde el Cauca hacia el Valle y las ha llevado a concentrarse en una larga línea sobre las montañas que van de Miranda a Toribío y en los cerros en torno a Jambaló (ver mapa). Ahora, los militares de la fuerza de tarea Apolo están intentando empujarlas hacia la parte alta de la ladera occidental de la cordillera Central, hacia la inhóspita región de los nevados, sobre la que otra fuerza de tarea, Zeus (la que obligó a Alfonso Cano a salir de esa zona, en el vecino Tolima, y moverse al suroccidente del Cauca, donde cayó) viene haciendo presión desde el otro lado de la cordillera.
 
Según numerosas fuentes civiles y militares en la región, las Farc han enviado, en grandes números, refuerzos de otros departamentos. “Hay 1.200 terroristas armados”, sostuvo el general Miguel Pérez, en su último día frente a la III División. “No son guerrilleros cualquiera; son fuerzas especiales de ellos”, dice un conocedor en Popayán. Las Farc concentran ahora en el Cauca la que es probablemente la principal capacidad de fuego que tienen en el país. Se avecina una gran batalla, quizá decisiva en esta fase del conflicto armado en Colombia.

¿POR QUÉ SE DESENCADENARON LOS HECHOS DEL 17 DE JULIO?

¿Qué motivó estos estallidos? Desde el uribismo, que aprovechó la sensación de debilidad y de falta de respuesta oportuna que dejó el gobierno para criticarlo –“¿Dónde está la autoridad, qué pasó con el orden?”, trinó Álvaro Uribe– se señaló que las Farc estaban tras la protesta indígena. La OPIC, una asociación indígena afin al ex presidente, habló de complicidad con el narcotráfico y la guerrilla. Acore, la asociación de oficiales retirados, atribuyó lo sucedido a “equivocadas decisiones de carácter político” y fustigó la intervención del juez Garzón.

El propio gobierno se sumó a los señalamientos. El ministro de Defensa habló de infiltración de la guerrilla. El Presidente, al término de su consejo de seguridad, aunque precisó que no acusaba a todos los indígenas de estar confabulados con las Farc, citó un correo en el que Pacho Chino, uno de los jefes de las Farc en el Cauca, llamaba a promover este tipo de protesta, y anunció judicializaciones. Según la Policía del Cauca, se han librado 165 órdenes de captura, 103 contra indígenas, y 42 personas han sido capturadas (23 son indígenas), sobre la base de información contenida en computadores capturados luego de dos bombardeos. Una medida que ha revivido entre los indígenas el fantasma de las capturas masivas.


Sin embargo, no es fácil de creer que un movimiento que lleva años enfrentando a la guerrilla y cuyos integrantes han sido amenazados y asesinados por ella en múltiples ocasiones, obedezca de pronto, masivamente, una orden proveniente del monte para tomarse las bases militares. Las Farc tienen una presencia de larga data en el Cauca, han reclutado a muchos jóvenes indígenas y, por convicción o amenaza, influyen en muchas comunidades en las que el Estado apenas si ha asomado en décadas, pero en el estallido de esta crisis jugó un papel clave algo tan simple como poco visible fuera del Cauca: la desesperación.


El detonante inmediato de las protestas fue el ataque que durante tres días las Farc lanzaron contra Toribío (solo en este año, el pueblo, como otros en la región, ha sufrido más de una docena), que culminó con la explosión de un cilindro en el centro de salud indígena local y graves heridas a dos enfermeras. Como dijo un funcionario del gobierno que conoce de cerca la situación: “Esta pobre gente de Toribío ha aguantado bala cada día, todos estos años. Antes ha aguantado mucho. Lo que está mostrando es desespero. La parte que la gente no ve es que la población está hastiada”.


Hastío y desconfianza, y no infiltración, pueden ser las palabras claves tras esta nueva crisis. La cual, además, tiene lugar en medio de un giro de fondo en la situación militar que está elevando al máximo las tensiones en la compleja y sufrida sociedad caucana.

jueves, 20 de septiembre de 2012

RESEÑA Nº 1


RESEÑA: LAS RAZONES DETRÁS DEL CONFLICTO EN EL CAUCA, DE FERNANDA ESPINOSA MORENO


Espinosa es historiadora de la Universidad Nacional[1], con un interés por la historia social del siglo XIX, esencialmente en la cultura política de la Independencia y los grupos indígenas. Por eso, su análisis de carácter estructural, se basa en exponer el conjunto de factores que determinan el curso de las acciones de guerra en el país, a través de la situación que está viviendo el departamento del Cauca, que se caracteriza por ataques, enfrentamientos, asesinatos y amenazas, especialmente en el municipio de Toribío, donde se perjudica directamente a la población civil. De las cinco razones que la autora desarrolla, por las cuales el conflicto se concentra en esta región, para el objeto de esta investigación voy a introducir dos: la primera, es que el Cauca es un corredor estratégico para la movilidad de armas y drogas que está en disputa por los actores armados ilegales y la segunda, es el plan de guerra que implementó el gobierno en la región para ganarse a la población o para dividirla.

El Cauca es parte de un corredor determinante en la movilidad de armamento y de drogas, que vincula al departamento, con Tolima y el Valle del Cauca; como dice la autora: “la cadena del negocio ilegal se expande en una ruta que recorre desde el Norte del Valle hasta las salidas al pacifico” (Espinosa: 2012), parte de estos negocios se consolidan en Buenaventura, a la par con el contrabando, de ahí que los actores armados al margen de la ley breguen por su permanencia en la zona, principalmente por el control del tráfico de drogas. Además de lo mencionado por la autora, también estoy de acuerdo con que el Cauca representa una ubicación favorable para los cultivos ilícitos, fuente del sustento económico que requieren los insurrectos.

Hay una distancia inferior a 90 kilómetros entre Toribío y Cali, esta última es la tercera ciudad más grande del país, lo cual evidencia el interés de las FARC de mantenerse en el territorio, mientras que al Estado le incomoda. Espinosa explica dicha presencia: “que puede ser entendida por la opinión pública como una señal de flaqueza de  la política de seguridad del actual gobierno” (Espinosa: 2012), por esa razón es que se lanza el plan de guerra “Espada de Honor” para recuperar el orden y reiterar la presencia política y territorial por parte de la administración en la región. La dificultad radica en los habitantes indígenas y campesinos de la zona, que ya han tomado medidas para defender su autonomía y se resisten a permitir una intervención ilimitada del Estado.  Por mi parte, considero que la presencia del Estado en la zona, se justifica primordialmente en la ampliación de su soberanía, que ha sido difusa durante muchos años y, que por tanto, ha permitido a la guerrilla extender y perpetuar su existencia. Además de que parte de la población ha terminado involucrándose en el conflicto a causa del insuficiente apoyo que ofrece el gobierno para mejorar su calidad de vida.

Ciertamente en el departamento del Cauca se gesta uno de los conflictos más perjudiciales para el país, que está apoyado en problemas sociales como el narcotráfico y en problemas políticos como la deficiente seguridad que se ofrece. Es por ello que resulta oportuno el análisis de Espinosa, para dejar ver que el problema en el Cauca se arraiga especialmente en los intereses conjugados de los grupos armados, del Estado y sus proyectos en la región, además de la misma población. Como nueva perspectiva, aconsejo consultar el artículo Toribío: vivir bajo las balas de Castrillón, para ampliar la percepción que se tiene sobre el estilo de vida que tienen los habitantes de Toribío, Cauca.






[1] Ha realizado trabajo investigativo en los campos de ciudadanía, cultura política y actores subalternos. Actualmente es estudiante de la maestría en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá e  Investigadora Asociación MINGA.

CRISIS ANUNCIADA

La toma de Berlín fue el momento culminante de  una furia que se vio venir y a la que el gobierno reaccionó con notoria lentitud. El primer aviso tuvo lugar el martes 10, cuando los indígenas rodearon un puesto militar en Monte Redondo, en Miranda, y destruyeron tres trincheras de la policía en Toribío. El 11, durante la visita que el presidente Santos hizo al pueblo, iniciaron la toma del cerro Berlín para hacer lo mismo y fueron a hablar con las Farc para que quitaran sus dos retenes de la carretera que viene de Santander de Quilichao. Naciones Unidas y el juez español Baltasar Garzón visitaron la zona y ofrecieron su mediación.

El 17, la población bloqueó la vía entre Corinto y Caloto, exigiendo la salida del Ejército del caserío de Huasanó. Al día siguiente, mientras el gobierno retomaba el cerro Berlín, en La Laguna, un resguardo de Caldono, un disparo “por error” del ejército acabó con la vida del joven indígena Fabián Güetio. La reacción mostró que los ánimos distaban de aplacarse: la patrulla fue rodeada por guardias indígenas, retenida y conducida a Caldono. En Toribío, los indígenas detuvieron a cuatro guerrilleros en las afueras de Toribío y, el 19, les iniciaron un juicio público, según su costumbre. Simultáneamente, en Huasanó, en medio de un tiroteo durante choques con el ESMAD, murió un campesino y tres fueron heridos.

Solo cuando ya casi todos estos hechos se habían acumulado, el gobierno reaccionó, retomando las bases militares en los cerros en Miranda y Toribío, y el Presidente hizo un Consejo de Seguridad en Popayán. Se cambió el mando de la III División y se anunció la puesta en marcha del Comando Conjunto del Suroccidente, que buscará integrar la actividad militar con la acción civil del Estado. Y solo entonces, una semana después de que durante la visita presidencial se perdió la oportunidad de hablar, se invitó a los indígenas al diálogo. Sin embargo, la crisis misma sigue tan viva como las razones, coyunturales y estructurales, que la originaron.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

MANIPULACIÓN MEDIÁTICA Y SOLIDARIDAD

Dora, comunicadora popular, reflexiona que “tenemos claro que en Colombia la comunicación, como muchos otros temas, no es un derecho, sino un negocio”. Para ella, “los medios masivos responden a intereses, sólo hacen propaganda dependiendo de quién está arriba en el poder. Somos conscientes del papel que juegan los medios de comunicación en el país”.

Tejido de Comunicaciones ha interpuesto demandas contra directores de medios masivos de comunicación, como el director de Caracol Radio y RCN televisión. Estos medios han presionado a algunos indígenas para que en pantalla acusen directamente a sus compañeros de pertenecer a la guerrilla; muchas veces, incluso los sacaban del territorio y eran llevados hasta la capital de Colombia, para desde allá ejercer mucha más presión.

Por eso, el trabajo como colectivo de comunicaciones se basa en contar desde adentro la realidad de los pueblos indígenas de Colombia, con responsabilidad, crítica, análisis y una postura política clara; trabajan la radio, la prensa y lo audiovisual desde el software libre, para así hacer del proyecto toda una propuesta de liberación.

A pesar de la estigmatización que se dio a través de los medios masivos en cuanto al desalojo de la fuerza pública, se generó una fuerte red de apoyo y solidaridad -sobre todo de estudiantes y mujeres- desde algunas ciudades del país; realizaron acciones de protesta frente a sedes del gobierno o medios de comunicación; también hicieron presencia en las comunidades indígenas.